La legislatura provincial modificó la Ley Provincial de Adhesión a la norma nacional de Protección Integral a las Mujeres.
Se sancionó la Ley 7717 impulsada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 6689 que adhiere a la norma nacional Nº 26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
La modificación, según señala el Gobernador Jorge Capitanich en la nota que acompaña la iniciativa, “se inscribe en el marco del ‘Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género’, que fuera informado por el titular del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del Chaco, a la Comisión de Legislación General y Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia, como política activa de la gestión a cargo del Ejecutivo local, en oportunidad de la reunión mantenida en fecha 3 de noviembre de 2014”, recuerda.
“La iniciativa -explica- incluye modificar el Artículo 1° de la normativa provincial con el objeto de incorporar tres apartados del inciso b) del Artículo 26 de la norma nacional, específicamente los apartados 1, 5 y 9 que contemplan la prohibición para el presunto agresor de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente (b1); en caso de que se trate de una pareja con hijos/as, la fijación de una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia (b.5); y la realización del inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes, el inventario de los bienes de cada uno (b.9)”.
Asimismo prevé, específicamente, la consideración de la situación de la mujer indígena dentro de las pautas generales del procedimiento a modo de atender su doble victimización (por ser mujer y por ser indígena), modificándose el artículo 3° de la ley vigente.
Finalmente, contempla esta norma “la inclusión de dos variables entre aquéllas mínimas que deben contener los registros socio-demográficos que el artículo 7° coloca a cargo del Superior Tribunal de Justicia, a saber: la pertenencia a pueblos originarios y la escolaridad”.
De este modo se propende, “generar circunstancias procesales más favorables a fin de que la víctima de la violencia de género o contra el género, no sólo radique la denuncia correspondiente sino que también mantenga las decisiones encaminadas a su protección, contrarrestando la posibilidad de que la precariedad y/o dependencia económica del agresor incida en la reanudación de vínculos nocivos para su integridad psicofísica. En similar sentido, cuando existen bienes que le pertenecen por cualquier título pero que, hallándose al alcance del agresor, puedan ser afectados por éste en desmedro del patrimonio de la víctima, resulte factible viabilizar en el mismo trámite, las vías legales de resguardo”.
Por otro lado, busca “optimizar la registración de datos y, en ello, atender la interculturalidad propia de nuestra Provincia, teniendo en particular consideración la condena internacional dictada en la Comunicación N° 1.610/07, “L.N.P. c/ Argentina», tramitada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (incorporado a la Constitución Nacional por el Artículo 75 inciso 22)”.
“Reconociendo la importancia del principio constitucional de igualdad como punto de partida para la explicación de un equitativo trato jurídico -y su vigencia sociológica- entre todos los sujetos de derecho, abandonando la ceguera ante las desigualdades representadas por la pertenencia a uno u otro sexo, se propicia la presente modificación legal en función de profundizar la normativa local protectoria de los derechos de las mujeres”, expone el primer mandatario provincial.